Algunos fragmentos de la Ley de Especies Amenazadas podrían extinguirse en poco tiempo.
El gobierno del presidente George W. Bush desea que las agencias federales decidan por sí mismas si las carreteras, las presas y otros proyectos de construcción podrían dañar a los animales y plantas en peligro de extinción.
El nuevo reglamento, que no requiere la aprobación del Congreso, reduciría las revisiones obligatorias e independientes que científicos gubernamentales han llevado a cabo durante los últimos 35 años, de acuerdo con un borrador obtenido por The Associated Press.
El secretario del Interior Dirk Kempthorne señaló la noche del lunes que los cambios son necesarios para garantizar que la Ley de Especies Amenazadas no sea usada como "puerta trasera" para regular los gases a los que se culpa del calentamiento global.
En mayo, los osos polares se convirtieron en la primera especie declarada en peligro a causa del cambio climático. Las temperaturas más cálidas provocarán que el hielo de los polos se derrita y los osos polares dependen de él para sobrevivir.
Las reglas prohibirían a las agencias federales calcular las emisiones de los proyectos que contribuyan al calentamiento global y su efecto en las especies y los hábitats.
"Necesitamos enfocar nuestros esfuerzos a donde puedan hacer el mayor bien", señaló Kempthorne en una conferencia organizada rápidamente después de que The Associated Press informó sobre los detalles de la propuesta.
"Es importante utilizar nuestro tiempo y nuestros recursos para proteger a las especies más vulnerables. No es posible establecer un vínculo entre las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero y observaciones distantes (en el futuro) a los impactos que tendrán sobre las especies", agregó Kempthorne.
Si son aprobados, los cambios representarían una amplia reforma a los reglamentos de protección para las especies amenazadas desde 1986. Lograrían a través de los reglamentos lo que los conservadores republicanos no han podido en el Congreso: poner fin a algunas revisiones ambientalistas a las que los constructores y otras empresas federales culpan de provocar demoras e incrementos en los costos de muchos proyectos.
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